Varapalo judicial a Telefónica por meter como moroso a un cliente que discutía la factura del móvil
La compañía deberá indemnizarle con 7.500 euros por fijar "unilateralmente" la deuda y comunicarlo a registros de solvencia.
La justicia le ha dado la razón al afectado Efe
MARÍA PERAL
El Tribunal Supremo ha condenado a Telefónica Móviles España a indemnizar a un cliente con 7.500 euros por haber comunicado sus datos personales a dos registros de morosos tras el impago de una deuda fijada unilateralmente por la compañía. Telefónica sabía que el usuario no estaba conforme con el servicio ni con la facturación emitida y le constaba que había sometido la cuestión a un proceso arbitral.
El Alto Tribunal ha condenado a Telefónica por intromisión ilegítima en el honor de este cliente. La sentencia de la Sala Civil considera que el comportamiento de la compañía de telefonía puede interpretarse como una "presión ilegítima" para que este particular pagara una deuda que había cuestionado.
MÁS DE TRES AÑOS DE PELEA
Los hechos se remontan al 12 de abril de 2012, cuando Antonio J.C.B. presentó una solicitud de arbitraje de consumo por su disconformidad con las facturas emitidas por Telefónica por el servicio de comunicación móvil contratado el 15 de noviembre de 2011.
La reclamación se basaba en que el servicio prestado no era el adecuado porque en ocasiones se quedaba sin cobertura en el móvil, que Telefónica le cambió de contrato a tarjeta sin haberlo solicitado y que el importe de las facturas cuyo pago se le reclamaba no se ajustaba a los términos del contrato. Por ello, solicitaba la baja definitiva de la línea, sin penalización, y se mostraba dispuesto a devolver el terminal.
El 9 de mayo de 2012, Antonio J.C.B. envió a Telefónica una carta certificada con acuse de recibo en la que le comunicaba que no aceptaba el pago de la factura emitida el 1 de mayo por importe de 575,38 euros e informaba de que había sometido la cuestión a arbitraje de consumo.
El 4 de septiembre de 2012, Telefónica comunicó los datos personales de Antonio J.C.B. a los ficheros sobre solvencia patrimonial gestionados por Experian Bureau de Crédito y por Equifax Ibérica, atribuyendo al demandante una deuda de 762,79 euros.
Esa comunicación se realizó sin que Telefónica requiriera previamente de pago a Antonio J.C.B. ni le informara de que, en caso de no abonar la factura, los datos relativos al impago podrían ser comunicados a un fichero de incumplimiento de obligaciones dinerarias.
El 6 de septiembre la Junta Arbitral de Consumo notificó a Telefónica la admisión a trámite de la solicitud de arbitraje instada por Antonio J.C.B. Cuatro días después la compañía retiró de los registros de morosos los datos del cliente pero los volvió a introducir en febrero de 2013, después de que la Junta Arbitral dictase un laudo en el que fijaba la cantidad adeudada por Antonio en 613,19 euros. Pese a ello, Telefónica comunicó a Experian y Equifax una deuda de 762,79 euros, que corrigió 20 días después para dejarla en la cifra concretada en el laudo.
Durante los dos períodos en que Antonio J.C.B. figuró en los registros de morosos, sus datos fueron comunicados a diversas entidades crediticias, que solicitaron información sobre la solvencia de esta persona.
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La justicia le ha dado la razón al afectado Efe
MARÍA PERAL
El Tribunal Supremo ha condenado a Telefónica Móviles España a indemnizar a un cliente con 7.500 euros por haber comunicado sus datos personales a dos registros de morosos tras el impago de una deuda fijada unilateralmente por la compañía. Telefónica sabía que el usuario no estaba conforme con el servicio ni con la facturación emitida y le constaba que había sometido la cuestión a un proceso arbitral.
El Alto Tribunal ha condenado a Telefónica por intromisión ilegítima en el honor de este cliente. La sentencia de la Sala Civil considera que el comportamiento de la compañía de telefonía puede interpretarse como una "presión ilegítima" para que este particular pagara una deuda que había cuestionado.
MÁS DE TRES AÑOS DE PELEA
Los hechos se remontan al 12 de abril de 2012, cuando Antonio J.C.B. presentó una solicitud de arbitraje de consumo por su disconformidad con las facturas emitidas por Telefónica por el servicio de comunicación móvil contratado el 15 de noviembre de 2011.
La reclamación se basaba en que el servicio prestado no era el adecuado porque en ocasiones se quedaba sin cobertura en el móvil, que Telefónica le cambió de contrato a tarjeta sin haberlo solicitado y que el importe de las facturas cuyo pago se le reclamaba no se ajustaba a los términos del contrato. Por ello, solicitaba la baja definitiva de la línea, sin penalización, y se mostraba dispuesto a devolver el terminal.
El 9 de mayo de 2012, Antonio J.C.B. envió a Telefónica una carta certificada con acuse de recibo en la que le comunicaba que no aceptaba el pago de la factura emitida el 1 de mayo por importe de 575,38 euros e informaba de que había sometido la cuestión a arbitraje de consumo.
El 4 de septiembre de 2012, Telefónica comunicó los datos personales de Antonio J.C.B. a los ficheros sobre solvencia patrimonial gestionados por Experian Bureau de Crédito y por Equifax Ibérica, atribuyendo al demandante una deuda de 762,79 euros.
Esa comunicación se realizó sin que Telefónica requiriera previamente de pago a Antonio J.C.B. ni le informara de que, en caso de no abonar la factura, los datos relativos al impago podrían ser comunicados a un fichero de incumplimiento de obligaciones dinerarias.
El 6 de septiembre la Junta Arbitral de Consumo notificó a Telefónica la admisión a trámite de la solicitud de arbitraje instada por Antonio J.C.B. Cuatro días después la compañía retiró de los registros de morosos los datos del cliente pero los volvió a introducir en febrero de 2013, después de que la Junta Arbitral dictase un laudo en el que fijaba la cantidad adeudada por Antonio en 613,19 euros. Pese a ello, Telefónica comunicó a Experian y Equifax una deuda de 762,79 euros, que corrigió 20 días después para dejarla en la cifra concretada en el laudo.
Durante los dos períodos en que Antonio J.C.B. figuró en los registros de morosos, sus datos fueron comunicados a diversas entidades crediticias, que solicitaron información sobre la solvencia de esta persona.
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